domingo, 23 de agosto de 2009

EL COMISARIO RIVERO MUÑOZ SE EXPRESA

La presente publicación corresponde a uno de los pioneros de la investigación criminal en Venezuela, despues de enero del 58, el Comisario Rivero Muñoz quien en un artículo aparecido en Internet dice crudas realidades que he creido interesante publicar en mi blog, para conocimiento de los lectores sobre la verdadera historia de algunas circunstancias de la policía venezolana.
Policía: La verdad-verdadera
Rafael Rivero Muñoz (*)
“Policía” es tradición, información y método y, lo primero que acaba, anula y hace desaparecer cualquiera sea la idea, el concepto y la función de una tradición, es precisamente la inestabilidad en los tres campos:
a) El estamento político o quien haga las veces de ello, no ha tenido, no tiene ni por lo visto está interesado en tener una idea clara de lo que significa la policía, el por qué y para qué sus funciones; b) de lo que sí está consciente ese estamento político es de que, cualquiera sea la calidad y el funcionamiento de una organización policial, lo que sí tiene a su disposición, es información; hasta por simple y primitivo desempeño de tareas en el tiempo, día a día se acumulan hechos, datos, informaciones sobre el acontecer del delito y el hacer de los delincuentes; si bien pudiere no estar técnicamente organizada la data, siempre, ante cualquier circunstancia, estará a la mano un funcionario que recordará hechos parecidos, dónde buscar los detalles, las identidades de los responsables, las incidencias particulares a uno u otro crimen, y hasta pudiera decirse, el lograr una cualquiera evidencia documental;
c) en cuanto al método, si bien en un momento dado pudiere no estar lo suficientemente afinado, también es cierto que la experiencia diaria en algunos produce efectos y llega a organizarse lo suficiente como para mantener, mientras está activo, un rudimentario método de trabajo.
Antecedentes
La única y primera vez que se pensó, estructuró y legisló en serio y con visión de futuro sobre el tema de la seguridad pública Venezuela, fue luego de la muerte de Juan Vicente Gómez, cuando el titular de Miraflores Eleazar López Contreras el 17-09-1936 dicta el decreto para la creación de La Escuela de Formación De Agentes de Seguridad Pública (EFASP); luego el 04-08-1937 por Decreto Orgánico crea el Servicio Nacional de Seguridad dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) como superior de tres organismos creados por esa providencia administrativa: La Guardia Nacional destinada a funciones de Policía Nacional; la Oficina de Investigación Nacional y la Oficina de Identificación de Extranjeros.
En menos de un año y por expresas presiones de los altos mandos militares –quienes aduciendo que no permitirían que un organismo armado, militarizado y con presencia en todo el territorio nacional, estuviese bajo el mando civil, así el 30-07-1938 con la promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Seguridad, la Guardia Nacional sale del ámbito civil del MRI y es adscrita al Ministerio de la Defensa como un servicio del Ejército.
En busca del olvido
A la caída de Isaías Medina Angarita asciende al poder Acción Democrática y electo ya Rómulo Gallegos en 1945, se cambia la denominación de Oficina de Investigación Nacional por el de Seguridad Nacional (SN), denominación que permanece hasta la caída de Marcos Pérez Jiménez; el 24-01-1958 eliminada la SN se funda la Criminológica en manos de uno de los cursantes del primer curso de la EFASP, Evélio Ramírez Cubillán .
Nuevos acomodosEn aquel momento, un extraordinario y sesudo análisis se impone en el estamento político dominante del momento, sin mayor cuidado en las ideas, los conceptos y las funciones, sale a la luz el más descollante de los absurdos: Fundar una policía que no tuviera nada que ver y que fuese totalmente ajena a la política. Así, por decreto orgánico del 20-02-1958 se crea el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) que sustituye a la Criminológica y se le adscribe al Ministerio de Justicia; luego, por decreto orgánico del 29-04-1959 es creada la Dirección General de Policía (Digepol) que se adscribe al MRI y será la que se ocupará de las funciones como policía política. Otro mucho más “técnicamente” sesudo análisis pone la guinda en aquel pastel: Ejecutivamente, sin miramiento alguno, se dividen entonces las ejecutorias en función del Código Penal vigente, en dos grandes trozos, un trozo, el de los delitos comunes que será la misión asignada a la “policía apolítica”, el CTPJ y por tanto, estará en manos exclusivas del CTPJ el conocimiento, tratamiento, investigación y derivados de los llamados delitos comunes, y el otro pedazo del Código Penal, clasificado en la misma oportunidad como delitos políticos, serían el campo de activad exclusiva de la recién fundada Digepol.
Ignorancia o conveniencia
Vale acotar que fue quizás la más manipulada y dúctil de las medidas políticas en materia de seguridad, orden público, delitos y delincuentes. Ello permitió que con el tiempo y bajo ese criterio de ser delitos políticos, muchos delitos violentos –como asesinatos, robos y asaltos armados a los a bancos, instituciones financieras, cajas de ahorros y entidades donde se manejaba mucho efectivo–, fuesen del ámbito de investigación de la Digepol que, como policía política y bajo las órdenes del Ministro de Relaciones Interiores, del propio director del cuerpo o alguno de sus jefes subalternos, ninguna atención prestaba a los aspectos técnicos y de procedimientos. Siendo clasificados como delitos políticos, entraban en el campo de las negociaciones y del providencial olvido.
Allí nacieron y se cimentaron las bases y los esquemas para la organización y ejecución de las operaciones para el financiamiento del cual disfrutaron a plenitud esa supuesta dirigencia de la subversión armada; luego se especializarían los equipos de acción que brindarían buena muestra de habilidades con las operaciones de asalto a los camiones e instalaciones de las empresas de transportes de valores. Muchos de los otrora notorios más que notables políticos de izquierda, financiaron su vida y sobre todo sus lujos con fondos provenientes de estos asaltos. Como eran “atracos políticos”, nadie investigaba, ningún tribunal intervenía en el asunto, y todo quedaba en silencio.
Investigación criminal
La policía de investigación criminal por su parte organiza el Instituto de Formación Profesional del CTPJ, en la plantilla de profesores se designan entre otros, a varios de los egresados del primero y segundo curso de la EFASP, a otros varios reconocidos profesionales venezolanos y se contratan e incorporan profesionales ingleses, chilenos, norteamericanos, y recomienza el entrenamiento de los nuevos cuadros y agentes destinados a la investigación del crimen en Venezuela.
En 1969, apenas asume como Presidente Rafael Caldera Rodríguez, ante los múltiples excesos y los crímenes de los cuales se acusaba al personal de la Digepol, toma otra también sesuda decisión política: se elimina como cuerpo policial a la Digepol y sobre sus mismas estructuras físicas, de equipamiento, de organización y de funcionalidad –maquillaje y silencio–, se funda la aún existente Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Más que de unas bien pensadas y medidas necesidades en la formación del personal, derivadas más bien de desempeños pragmáticos impuestos por la ya dominante TV en los medios de comunicación, y producto de cabildeos y negociaciones con el Ministerio de Educación, se instaura e incorpora en esa época a la escuela del CTPJ el llamado para–sistema educativo, el Bachillerato Mención Criminalística. Tendrá, como se verá luego, enormes consecuencias por sus derivados desde el momento en que, al poco tiempo la dinámica en la formación del personal de base, sentada sobre la indolencia y la ignorancia de unos, la incapacidad o la complacencia de otros, comienza a erosionar desde dentro y por obra de sus propios doctores lo que hasta ese momento se había logrado puesto que se desvía por completo del objeto y de la específica misión del organismo policial destinado a las tareas de la investigación criminal.
Las uniformadas
Otra trascendente decisión en materia de Seguridad Pública se refiere esta vez a las Policías Uniformadas. Aún cuando jamás se tomó como decisión política, ni se produjo nunca ninguna providencia administrativa que lo sustentara, en el cierre de la Convención de Gobernadores en el mes de agosto del año 1970, Rafael Caldera Rodríguez, sugiere a los mandatarios regionales la conveniencia de designar oficiales activos de la Guardia Nacional en los comando y estados mayores de todos y cada uno de los cuerpos regionales de policía uniformada civil.
Tasajear la experiencia
En el período de Jaime Lusinchi (1984-1989) es donde los genios del acomodo político se une a los oportunistas de la época y a uno que otro aprendiz de brujo, para definitivamente acabar con todo lo que hasta ese momento se había logrado en materia de saber y experiencia acumulada, técnica y profesional de la policía de investigación criminal. Es así como hacen desaparecer de golpe y porrazo el objetivo primordial y la mecánica adelantada en la formación técnica policial y en la afinación y consolidación de un ya ganado saber hacer, y se impone en definitiva los que denominamos la dinámica perversa derivada de aquella decisión ya comentada sobre el para-sistema educativo.
Si muchos de los gestores, patrocinadores y directivos de aquella época, alguna vez asumieran sus responsabilidades éticas ante el país, no les quedaría otro camino distinto a reconocer que, en su momento, por ignorancia, conveniencia o simple gesto acomodaticio o de adulancia, dieron inicio y administraron por años, el principio del fin de todo aquello que pudiere ser tomado hoy como formación profesional en la Policía de Investigación Criminal; el descabello de todo lo acumulado por muchos hombres en mucho tiempo, en casi cincuenta años de labor continuada desde el año 1936. Bastaría para ello, escuchar las precisas respuestas de los tantos expertos de toda esta época: Juan Martín Echeverría, Pedro Arturo Torres Agudo, Fermín Mármol León, Guillermo Rosquete, Víctor Amram.
Los derivados
Es a partir de ese crucial momento, cuando los méritos para la captación, la preparación y la designación de los cuadros medios y superiores de ese cuerpo de investigación, dejó de ser el acumulado de experiencia, los años de servicio, la probada profesionalidad en los desempeños de los cuadros medios y de línea, la constancia y el paulatino afinamiento en el hacer técnico tanto en la escena del crimen como en el resto de las labores de investigación de calle. En definitiva, esa labor individual y grupal de hormiga dedicada al mejoramiento profesional especializado, fue lanzada al vacío y se fue deteriorando hasta que dejó de existir.
A partir de ese momento, bastaba el contacto en el partido, un título de Bachiller en Criminalística otorgado por despacho competente y con el aval del Ministerio de Educación, y un supuesto curso superior, para que cualquier medio formado o deformado funcionario, sin experiencia, muchas veces ignorante e incompetente, ocupara, primero un cargo en los cuadros medios de jefatura, y luego, de acuerdo a sus habilidades en sus relaciones tanto con personajes del partido en el gobierno de turno como en el diario acontecer con los medios de comunicación, alcanzara desde algunas posiciones de mando en el Estado Mayor y hasta alcanzar la dirección del cuerpo.
Otro cambio cosmético
Fue aquel decidido en otro conciliábulo de aprendices de brujo, cuando por decisión del titular en la Dirección de la PTJ, Miguel Dao Dao, bajo el alegato de que había que hacer de la policía una actividad científica y que en función de ello, había que asignar un nuevo nombre al organismo tomando el cuidado de agregar en esa denominación, el término “científica”: “… Por que con el tiempo eso la hará científica…”. Y así nace el nuevo nombre oficial para el cuerpo de investigación criminal: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, conocido como CICPC.
Y el resultado –bien conocido– como todo aquel derivado del que se mete a brujo sin conocer la hierba o del aprendiz de brujo: se le amotinaron las escobas.
Las secuelas, más que evidentes y hoy públicamente oficializadas; pero eso sí ni antes, ni ahora, ni después, nadie rinde cuenta de su hacer ni de su dejar de hacer. Es más, nadie le demanda a nadie, rendir cuenta.
Oficialmente públicas
De ese ayer a este hoy son más que suficientes las públicas y continuas evidencias de la brutal pérdida de las capacidades técnicas del CICPC para la investigación criminal, y de cualquiera sea otro el organismo policial sujeto a observación; sólo que, los efectos del deterioro acumulado ha sido de magnitudes tan importantes, como las dramáticamente expuestas de propia voz por la titular de la FGR, Luisa Ortega Díaz a la salida de un encuentro con penalistas internacionales.
Quizás esas declaraciones nos permitan entender y hacer entender esa tan extraña, pero muy lógica reacción de incredulidad manifiesta en cualquiera sea el observador extranjero del cual se trate: No pueden comprender ¿qué es lo que realmente ha pasado y está pasando en Venezuela en el ámbito de lo político y de la políitica, de lo jurídico y de lo social?
Para ningún profesional del Derecho, asistente o no a ese Encuentro con Penalistas Internacionales, activos en su mayoría en el hacer diario en su país de origen donde las leyes si se cumplen y se hacen cumplir por todos los poderes públicos, y hasta por las mismas sostenidas y continuas demandas de la sociedad. Algunos de ellos, estudiosos y hasta especialistas en derecho comparado.
Para ninguno de ellos tiene ni tendrá jamás explicación lógica alguna las aseveraciones de la titular FGR –teniendo en cuenta que por norma vigente y reiterada una y otra vez en las distintas reformas de los textos legales y procedimientos penales en Venezuela, ella detenta y en sus manos reposa el monopolio de la acción penal; es decir, tiene la exclusividad de la acción penal ante cualesquiera sean los delitos y los autores del cual se trate– cuando afirma:
“… Las policías encubren a las bandas armadas… La criminalidad policial incrementa la inseguridad… 60% de los juicios no avanza por culpa de los organismos de seguridad y que muchos se originan en hechos fabricados…”
“… los autores de delitos graves como secuestro, extorsión, robo y narcotráfico son miembros de algún cuerpo de orden público… el mal trabajo de la policía influye de manera negativa en la labor de la Fiscalía… los elevados índices de criminalidad dentro de los cuerpos policiales…”
“… incide en la inseguridad ciudadana, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos… además del fenómeno delictivo dentro de los cuerpos policiales también hay encubrimiento de los efectivos a las bandas armadas…”
“… Es común oír que los autores de los delitos graves como secuestro, extorsión, robo o narcotráfico son miembros de algún cuerpo policial, hecho que lamentablemente constituye una realidad… Necesitamos una policía que deje de ser parte de las estadísticas criminales y que se concentre en el aspecto técnico y científico de la investigación penal…”
“… Numerosos procesos penales contra ciudadanos comunes se originan por hechos punibles construidos y fabricados por funcionarios policiales que por cualquier razón deciden perjudicar a una persona…
“… Si un funcionario policial incurre en una falta o abusa de su poder… sus superiores… lo sancionarán… con una jubilación prematura…” ( Vanessa Gómez Quiroz, Javier Ignacio Mayorca; El Nacional jueves 19/02/09, primera y página 14).
A confesión de parte, relevo de pruebas
Tampoco podrá entender esta dramática declaración de la titular de la FGR, el ciudadano común, ese sin futuro a la vista y que no tiene garantía alguna para su vida, para su salud y para sus bienes propios y los de los suyos ante el sostenido embate del delito y de los delincuentes.
Pero, sin embargo, si cada quien se ocupara de los precisos ámbitos que les corresponden a sus profesiones y especialidades y no pretendieran explorar o invadir terrenos que no conocen; si dejásemos de ver estos complejos asuntos como una oportunidad para imponer los intereses privados de individualidades o grupos en función de la publicidad y del potencial lucimiento en la aplicación de esquemas de tratamiento propios más bien a laboratorios de ingeniería social.
En definitiva, y como dice el refrán, zapatero a tus zapatos, entonces, existen explicaciones y precisas vías de acción de corto, mediano y largo plazo.
(*) El autor es Comisario General (r) (Disip-PTJ)
ESTAS SON ALGUNAS VERDADES, EXPUESTAS CRUDAMENTE POR EL COMISARIO RIVERO, A QUIEN CONOCI EN PTJ CUANDO YO RECIEN INGRESABA CON EL GRADO DE AGENTE, ADSCRITO A LA DIVISION CONTRA ROBOS. ACTUALMENTE ESTOY REALIZANDO UN NUEVO TRABAJO QUE PUBLICARÉ PROXIMAMENTE QUE AMPLIAN EL CONOCIMIENTO SOBRE LA ACTUAL REALIDAD DE LA INSEGURIDAD Y LOS INTERESES DE GOBIERNOS EN MANTENER EL CLIMA DE INSEGURIDAD O LA FALTA DE INTERES EN COMBATRIRLO.